Autos caros, un yate, sociedades fantasmas, propiedades y la gran vida. Gabriel Cisternas Zenteno, un reconocido abogado penalista de Santiago, y Alejandro Zuik Rig, un argentino con un nutrido prontuario a ambos lados de la cordillera, se unieron en 2015 para estafar a personas y empresas: contrataron ayudantes, crearon sociedades ficticias a las que hasta les abrieron cuentas corrientes.

En siete notarías cobraron y/o firmaron documentos con firmas falsas y en un caso incluso consiguieron que una empleada se coludiera con ellos. En total se apropiaron de $1.252 millones. Hoy ambos están presos. Pero las investigaciones continúan.

Si se midiera por el número de integrantes, se podría decir que la banda llegó a ser una PYME del delito, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público. Además de Cisternas y Zuik, en “la organización” -como la denominó la Fiscalía Centro Norte- participaban 19 personas, cuatro de las cuales ya tienen condenas u órdenes de detención por otras causas.

En todos, se repiten casos de asociación ilícita y estafa. Cisternas además fue formalizado por prevaricación, falsificación de instrumento público y privado, falsificación de sellos y timbres, usurpación de nombre, constitución de sociedades ficticias y lavado de activos, el 4 de septiembre pasado por la fiscal Giovanna Herrera (Fiscalía Centro Norte). La causa está radicada en el 6° Juzgado de Garantía y la lleva la jueza Vania Boutaud.

Cisternas, quien se encuentra en prisión desde el 12 de agosto, es defendido por el estudio Cortés & Rodríguez. El abogado de Zuik, también detenido, es Mario Vargas.

Cuatro depósitos en un día

Cisternas y Zuik venían “trabajando” desde 2015. El argentino declaró en agosto que se conocieron en 2013 después de un juicio, donde el abogado fue su contraparte. Aseguró que lo invitó a tomar café y le contó de sus planes. Llegaron a ser muy cercanos.

Según relatan en el mundo legal, era imposible que Cisternas no supiera quién era Alejandro Gabriel Zuik Ring, un argentino que ha sido buscado por la justicia de ese país y perseguido también en Estados Unidos por una estafa a una importadora coreana, que involucró también al Banco Security de Chile (ver recuadro).

Cisternas fue considerado durante años como un reputado penalista, que defendió varios casos por delitos como por los que hoy es investigado. Incluso formaba parte de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, donde egresó en 2004. En su entorno nadie ha querido hablar del caso, pero su situación ha sido tema obligado en el mundo penal en las últimas semanas. En su CV figura como ex asistente de fiscal en la Fiscalía Centro Norte.

Su caída se produjo por un error propio a mediados de este año. Aunque algunos sugieren que lo hizo para que lo descubrieran. El 24 de junio pasado el abogado realizó cuatro depósitos por montos similares ($ 45,6 millones) en su cuenta del Scotiabank. Y un mes después se compró una camioneta de $ 36 millones. La unidad de Análisis Financiero lo reportó.

En el Ministerio Público dicen que era la alerta que faltaba. Venían siguiéndolo hacía un par de años, cuando por primera vez saltó su nombre en un interrogatorio. De acuerdo a las indagatorias, al menos cuatro de los 19 involucrados habían sido apresados por otros delitos cometidos a contar de 2015.

En la audiencia de formalización, la fiscal Herrera dijo: “Gabriel Cisternas obtuvo toda la información necesaria para llevar a cabo la operación, toda vez que a esa fecha se desempeñaba como abogado de la víctima, abusando de su confianza con objeto de defraudarla”.

Jefes de jefes

Cisternas y Zuik se complementaban perfectamente. El primero redactaba documentos legales y daba las instrucciones de cómo aprovechar los vacíos del sistema, mientras que el argentino se encargaba de moverse con rapidez en ese mundo. Eran los jefes de jefes. Zuik cayó primero.

La fiscalía acusa a la dupla de dirigir y planificar los engaños y falsificaciones, además de repartirse las ganancias. Por eso también los formalizó por lavado de activos.

De acuerdo con la investigación, debajo de ellos había un grupo, de tres mujeres y un hombre, de su confianza, dedicados a la logística: conseguir carnés y otros documentos falsos y fichar a quienes irían a cobrar pagarés, firmar escrituras, pedir créditos o “poner la cara” al momento del timo en bancos, empresas y notarías. Los esperaban a las afueras de donde darían el golpe. A cambio les pagaban en dinero en efectivo.

Entre los afectados por las estafas figuran: RSA Seguros ($ 53,3 millones), Tanner Servicios Financieros ($ 44,4 millones), Agrícola Don Pollo ($ 36,5 millones), Constructora Senco ($ 40 millones), Global Soluciones Financieras ($ 23 millones), Inversiones Express ($ 150 millones). A todos los defraudaron con documentos falsos.

A eso hay que sumar más de 10 personas naturales a las que les suplantaron sus identidades o derechamente engañaron por más de $ 600 millones. Hubo un hombre que vendió su casa de Ñuñoa en $ 205 millones y se enteró en la notaría de que casi la totalidad del pago fue cobrada irregularmente. Los funcionarios de la notaría no se percataron y entregaron los vale vistas por $ 182,9 millones a uno de los integrantes del grupo delictual.

El grupo se valió de los escasos controles en las notarías, donde lograron pasar como reales vales vista a los que se les había cambiado el nombre del beneficiario o escrituras falsas. Las afectadas por estas prácticas son las notarías de Santiago, Héctor Bown Ortega, Antonieta Mendoza Escalas, Iván Torrealba Acevedo, Félix Jara Cadot, Eduardo Avello Concha y Luis Rodríguez Burr (de Renca, una de sus empleadas utilizó la firma electrónica para blanquear una sociedad) y María Astorga Lagos (de Valparaíso).

Las alertas del DCV y CAP

Cuando el grupo ya tenía el mecanismo aceitado, intentó atreverse con golpes más fuertes. Varios aparentaban llevar un elevado tren de vida con autos caros, restaurantes de lujo, viajes y negocios increíbles. La PDI hasta encontró un yate entre sus bienes.

Para seguir haciéndose de dinero, el grupo intentó apropiarse de más de $ 4 mil millones en acciones de diversas empresas, pero en el Depósito Central de Valores (DVC) donde estaban custodiadas, los descubrieron en tres oportunidades. Los responsables fueron denunciados y sus declaraciones dieron más pistas acerca de quiénes encabezaban la red.

Eso fue en 2019, cuando el grupo además ya crecía en sofisticación. De esa época datan las sociedades Inversiones Danitz Spa e Inversiones Flores Spa, ambas creadas por personas del grupo delictual en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía.

Claudia Núñez, funcionaria de la notaría Luis Rodríguez Burr de Renca, utilizó sin consentimiento ni autorización de su jefe su firma electrónica para crear esas sociedades bajo la modalidad de empresa en un día. La idea era albergar allí los frutos de los fraudes, estimó la fiscal Herrera.

Y eso fue lo que hicieron a fines de junio de 2019. Un hombre se hizo pasar por accionista de CAP, consiguió los papeles y los vendió en $ 814 millones que fueron depositados en Inversiones Flores SPA.
Un mes después trataron de conseguir más papeles de CAP e Invercap: fueron hasta el centro de accionistas de la minera a cobrar el equivalente a $ 2.500 millones en acciones con papeles falsos. Pero la firma detectó el intento e hizo la denuncia.

Lo mismo les pasó con el equivalente a $ 130 millones de acciones de SAVAL, pero esa vez fue el CDV el que salvó a los verdaderos dueños de los títulos.

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones estuvo detrás de estos casos. Fue esta entidad la que logró identificar inicialmente a Alejandro Zuik como el líder. Solo faltaba Cisternas.

$ 25 millones por un secuestro exprés

Según el relato de la Fiscalía la ambición del grupo y el conocimiento de los lugares donde podían conseguirse recursos con cierta facilidad, sumado a su osadía los llevó a intentar apoderarse de $ 2.600 millones depositados en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Esa plata correspondía a la inmobiliaria Montecarlo, de la familia Cantergiani (ex supermercados Montecarlo) por la expropiación de un terreno para el sistema de transportes, en Quilicura.

El dinero estaba consignado para la entrega, pero un juicio lo mantenía detenido en una cuenta corriente. Según la Fiscalía, Cisternas y Zuik supieron de ello, por lo que mandataron a uno de sus ayudantes a que contactara a un abogado para que exigiera judicialmente el retiro de los $ 2.600 millones, algo que el tribunal estuvo a punto de hacer, luego de que el abogado Adrián Ortiz solicitara la liberación del pago. Los representantes de los Cantergiani se dieron cuenta y detuvieron la operación a tiempo.

“Esta parte desconoce quién realizó dicha presentación electrónica (del giro) pero sabemos que no fue la persona que se indica como suscriptora del mismo”, sostiene una querella de los Cantergiani que se tramita ahora al respecto. Ortiz también demandó.

Dentro de los imputados, varios ya están presos por otros delitos. En la investigación trascendió que se trataría de un puñado de verdaderos profesionales al respecto, con amplio conocimiento de los vacíos del sistema. Revisando sus causas, se pueden encontrar desde secuestros exprés por $ 25 millones, estafas menores a personas mayores o desvalidas y sobre todo, falsificaciones de carnés de identidad, licencias de conducir, entre otros.

En la fiscalía sostienen que Cisternas creó dos sociedades con el fin de ocultar los ingresos: Cafeína Media y Productora Artística Cafeína, que sin tener casi actividad pudieron abrir cinco cuentas corrientes en diferentes bancos e invertir $ 28 millones en fondos mutuos. Como sus socios se registra a algunos de los imputados, pero no a los líderes. Los jefes no dejaban rastros. O eso intentaban.

EL ARGENTINO

Con procesos también por varias estafas en Argentina, Alejandro Zuik es un viejo conocido de los tribunales chilenos. Ya en 2005 protagonizó un fraude por el que la justicia estadounidense lo persiguió por haberse apropiado de los pagos de una importación a una empresa coreana mediante la falsificación de documentos del banco Security de Chile.
En 2013, el Ministerio del Interior rechazó su intento de conseguir la residencia definitiva en Chile, debido a la existencia de numerosos casos en su contra, por estafas y cohecho. Entonces ya contaba con dos condenas y su nombre figuraba en otras investigaciones.
Quienes han tratado con él lo definen como un personaje dueño de un gran poder de seducción. Está preso en Chile desde junio, cuando se descubrió su rol en una de las estafas con acciones.